Los Ingenieros de Montes y Agrónomos expresan su preocupación por el riesgo de dispersión de las competencias del medio rural

Desde El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) y Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros de Agrónomos (CGCOIA) han lanzado un comunicado  conjunto en el que valoran positivamente la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, y defienden que se siga coordinando desde este departamento las políticas de Desarrollo Rural, ante la incertidumbre generada en el reciente Real Decreto de estructura del Gobierno en el que no se mencionan éstas de forma agrupada.

El fraccionamiento en diferentes departamentos, advierten, comportaría conflictos y disfunciones que afectaría severamente a la eficiencia de las políticas para el sostén demográfico de la España interior.   Esto se produciría además justo en el momento de la negociación de la PAC 2021-27 y consideran que sería “tremendamente contraproducente” debilitar o dispersar la interlocución española en la UE en vez de alinearse con los diferentes países que proponen reforzar y priorizar las políticas de desarrollo rural.

Todo ello en un momento en el que hay un intenso debate en el seno de la Comisión Europea sobre la posible integración del primer y segundo pilar de la PAC y, en todo caso, del refuerzo de las actividades incluidas en el desarrollo rural.

Por este motivo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) y Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros de Agrónomos (CGCOIA) han creado una comisión conjunta de trabajo para el Desarrollo Rural y su reto demográfico interior ante la situación de “emergencia social y ambiental”.

La comisión, encabezada por Eduardo Rojas Briales, decano del COIM, y Baldomero Segura, presidente del CGCOIA, tendrá como objetivo el seguimiento de las decisiones administrativas, legislativas o de planificación que afecten al desarrollo rural y el reto demográfico y trasladar a la sociedad y los responsables políticos las propuestas de ambos Colegios.

Para ambas ingenierías el reto es importante, ya que consideran que mejorar los recursos forestales y las producciones agrarias es fundamental para mejorar el medio ambiente global (lucha contra el cambio climático) y local (reducción de la contaminación y mejora del paisaje), la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la calidad de los alimentos que consumimos. Para lograrlo estos sectores deberían ser el motor del desarrollo económico y social del medio rural en el que se implantan. Con ello se garantizaría además la viabilidad demográfica de estas zonas.

La apuesta clave por la bioeconomía

En una situación que insisten en calificar de “emergencia social y ambiental” ante el abandono de las zonas rurales, ambos Colegios coinciden en recordar la apuesta “decidida y clara” de Europa por frenar esta situación. “Los pilares de la política que podrán mitigar y revertir el problema descansan sobre la gestión agraria, la ganadera y la forestal y las correspondientes actividades que rentabilizan sus externalidades”, aseguran.

Ponen como ejemplo las bioenergías, biomateriales para la construcción, industria textil o para la sustitución de plásticos; toda una batería de oportunidades para proyectar la bioeconomía de nuestro país.

Seguir las líneas de trabajo ya iniciadas

Ambos colectivos invocan a seguir las líneas de trabajo ya iniciadas en el ámbito del Desarrollo Rural, sacando conclusiones de las experiencias pasadas y primando que los fondos europeos se empleen para modernizar los sectores primarios a la vez que se priorizan las inversiones tractoras que tengan capacidad multiplicadora. “Consideramos una oportunidad los constantes cambios, evoluciones y exigencias a la producción de alimentos y bioproductos, cuestión que se debe traducir en la implantación de nuevas empresas”, explican.

“Es vital para la supervivencia de nuestro medio rural el creciente interés de los habitantes de medios urbanos; este interés se debe transformar en alcanzar mejores rentas en las producciones y generar nuevos ingresos por las externalidades de éstas mediante su reconocimiento legal y compensación económica: dos oportunidades de generar riqueza económica, social y ambiental al gestionar de forma sostenible los espacios y recursos agrarios y forestales”, añaden.

Acción conjunta

Por ello abogan que las políticas públicas contribuyan a preservar el contexto social y cultural de las zonas rurales, ya que es parte indisociable de este espacio. De ahí que recalquen que mantener la esencia rural y su paisaje pasa por mantener a su vez su actividad agraria, ganadera y forestal. Es decir, la producción primaria y su gestión, la biodiversidad y el desarrollo rural constituyen un conjunto indisociable que requiere de una acción conjunta, coordinada y suficientemente dotada.